Gracias a una demanda sostenida del movimiento social de la discapacidad, representado por el CERMI y asumida por el Parlamento en la pasada legislatura, desde el 1 de enero las pensiones no contributivas de la Seguridad Social relacionadas con incapacidad serán más compatibles con la realización de un trabajo.

 Así, las personas que cobran estas pensiones, menores de 65 años con discapacidad igual o superior al 65% y en situación de necesidad económica, podrán tener más posibilidades de insertarse en el mundo laboral sin miedo a ver afectada su pensión, ya que esta medida aumenta en un 20% los umbrales de ingresos compatibles, así como el número de pensionistas que podrán acogerse a ella.